Términos y condiciones
Condiciones que rigen la contratación de los servicios de Fincelu.
Última actualización: 30 de octubre de 2026.
Objeto
Estos términos regulan la relación entre Fincelu (nombre comercial, NIT 900.480.569-1) y la persona que contrata sus servicios de asesoría y acompañamiento en finanzas personales.
Naturaleza del servicio
Fincelu presta asesoría educativa y acompañamiento en presupuesto, deudas, ahorro y planeación de metas personales.
Fincelu no es entidad financiera, no capta ni administra recursos de terceros y no vende productos de inversión. No fomentamos ni promovemos inversiones de alto riesgo.
Contratación y alcance
El alcance, duración y valor de cada servicio se acuerdan por escrito antes de iniciarlo. Los servicios se prestan de forma presencial en Bogotá o virtual.
Obligaciones del cliente
Suministrar información veraz y completa, asistir a las sesiones acordadas y tomar sus propias decisiones financieras de manera libre e informada.
Precios y pagos
Los precios se informan antes de contratar e incluyen los impuestos aplicables. Los pagos se realizan por los medios habilitados y se emite el soporte correspondiente.
Cancelación y reprogramación
Las sesiones pueden reprogramarse con al menos 24 horas de anticipación. Las condiciones de reembolso se detallan en el acuerdo de servicio, sin perjuicio del derecho de retracto cuando aplique según la Ley 1480 de 2011.
Ausencia de garantía de resultados
Los resultados dependen del compromiso y de las circunstancias de cada persona. Fincelu no garantiza rendimientos, ahorros específicos ni resultados económicos determinados.
Limitación de responsabilidad
Fincelu no responde por decisiones tomadas por el cliente ni por pérdidas derivadas de ellas, salvo dolo o culpa grave, en los términos permitidos por la ley.
Propiedad intelectual
Los materiales, plantillas, textos y marcas de Fincelu son de su propiedad y se licencian al cliente solo para uso personal.
Ley aplicable y jurisdicción
Estos términos se rigen por las leyes de la República de Colombia. Las controversias se someterán a los jueces competentes de Bogotá D.C., sin perjuicio de las acciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio.